La gestión social del territorio promueve la participación activa de diversos actores en la planificación y uso del espacio, articulando distintas formas organizativas: la autogestión, la cogestión y la gestión estatal. La autogestión se basa en la autonomía de las comunas para decidir y ejecutar acciones; la cogestión, plantea una colaboración entre el Poder Popular (comunidad organizada) y el Poder Público (instituciones estatales), fomentando un equilibrio corresponsable; mientras que la gestión estatal recae principalmente en el Ejecutivo nacional. El Lihp vincula estas modalidades con la topología de redes de Paul Baran en cada una de sus propuestas: las gestiones centralizadas responden a estructuras jerárquicas donde el poder se concentra en una entidad; las descentralizadas permiten nodos autónomos con cierta dependencia de un centro; y las redes distribuidas promueven interconexiones horizontales que fortalecen la participación directa, facilitando así una planificación territorial más democrática y resiliente.